La recaudación de contribuciones por parte del Estado necesaria para el sostenimiento del gasto público, y la política criminal que se decida implementar para la prevención, identificación, investigación y sanción de conductas que entrañen simulación, evasión o fraude a la ley, no están exentas de un escrutinio constitucional; los principios del Estado Democrático de Derecho exigen encontrar un justo equilibrio entre la actividad legítima de las autoridades y la protección efectiva de los derechos humanos.
El incremento de estrategias de defraudación de la cuota tributaria urgen al Estado a mejorar sus sistemas de gestión, comprobación y sanción en aras de lograr una recaudación más efectiva. En la última década, como consecuencia del surgimiento de estructuras sofisticadas creadas ex professo para la evasión fiscal, las autoridades han sido reactivas, provocándose una revolución legislativa en materia penal fiscal, en la que lamentablemente ha imperado la creación de normas poco claras, caracterizadas por un reduccionismo de garantías y que, por ende, resultan excesivas y desproporcionales; esta situación nos acerca cada vez más a un indeseable populismo punitivo que ha sido infructuoso.
Se presenta al lector una aproximación al estudio de las implicaciones legales para las empresas y sus administradores o representantes por la adquisición y uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; a partir de un enfoque crítico y una metodología eminentemente práctica, el autor comparte sus reflexiones acerca de lo que considera una política estatal fallida en el combate a la evasión fiscal.